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viernes, 21 de abril de 2017

"Falta una política docente integral" - J. C. Tedesco

Asistimos, como todos los años desde hace ya más de una década, al debate salarial docente aislado de las otras variables y dimensiones. Es absolutamente necesario romper esta lógica y salir de la coyuntura.
La dirigencia gubernamental debe dejar la hipocresía de considerar a la educación el factor clave para superar la pobreza, garantizar la movilidad social, la competitividad genuina y la formación de los ciudadanos del siglo XXI y luego asignar recursos sobre la base de un punto más o menos según la inflación. Si es cierto que la educación puede promover todas esas dimensiones, debe ser la prioridad en la asignación de recursos. Un aumento significativo de recursos es condición necesaria para colocar el debate en otro lugar. Ese aumento debe incluir salarios, pero en un contexto más amplio que considere, al menos, condiciones de trabajo, formación inicial y continua, carrera docente y evaluación de desempeño.
Las condiciones de trabajo tienen dos componentes principales: infraestructura y equipamiento didáctico. Muchos docentes se desempeñan en edificios que no reúnen las condiciones mínimas para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero además, si queremos avanzar en la meta de la jornada extendida o completa hay que construir más edificios y aulas. Para planificar esta política es necesario disponer de información. Hace ya más de diez años se diseñó desde el Ministerio de Educación un censo de infraestructura escolar. Nadie sabe si se llevó a cabo y cuáles fueron sus resultados.
Respecto del equipamiento didáctico, no alcanza con repartir computadoras que suelen usarse poco y mal. Hay que mejorar la conectividad, introducir laboratorios para la enseñanza de ciencias, textos, acceso a bibliotecas digitales, material deportivo y recursos para las disciplinas artísticas.
En la formación inicial y continua también es preciso introducir cambios profundos. Enseñar hoy, en contextos de enorme desigualdad social y diversidad cultural, es mucho más difícil que en el pasado. Necesitamos estrategias para los formadores de docentes que les permitan brindar una sólida formación técnica acompañada de acciones que den contenido a la cultura del ejercicio de la profesión docente basada en la adhesión a la justicia social, el trabajo en equipo, la confianza en la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos y la responsabilidad por los resultados. La formación continua requiere salir del curso de capacitación como único dispositivo. Todas las encuestas al respecto indican que tienen muy bajo impacto. Los docentes aprenden por su cuenta, con los colegas o -si el director tiene iniciativas- con el equipo docente. Hay que fortalecer estas modalidades sacándolas de lo informal, brindando asistencia a procesos de autoevaluación y promoviendo capacitación en la escuela y en equipo. La evaluación de desempeño tiene que estar asociada a la formación. Todos sabemos que evaluar es la última etapa del proceso de enseñanza.
La carrera docente es una exigencia legal. La ley nacional de educación es muy clara al respecto. Se mantiene la vía tradicional según la cual si un docente quiere ascender puede hacerlo a puestos directivos, pero abre una nueva vía de ascenso sin dejar el aula. Una parte del salario debería estar asociada a la carrera, que puede ser aplicada en forma gradual: obligatoria para los que ingresan y voluntaria para los que ya están en servicio.
Por último, quisiera señalar que existen lugares y zonas del país donde debería utilizarse el artículo de la ley que permite declarar la emergencia educativa, aplicando medidas que le permitan al Ministerio de Educación nacional actuar con intervenciones que salen de la normativa habitual. Ya disponemos de información para avanzar en este terreno, pero falta voluntad política para hacerlo.
Obviamente, todo esto exige plazos, pero ponerlo en la mesa de debate permitiría salir de la discusión coyuntural que se repite todos los años y volverá a repetirse el próximo. El debate debe incluir otros actores -partidos políticos, académicos, organizaciones no gubernamentales- además de los gremios. Hoy ya hay voces que reclaman este debate, pero para avanzar hay que superar los meros títulos y ponerles contenido a las propuestas. Quiero recordar que todo esto ya estaba en el Plan Decenal de Educación elaborado en 2010 por la UPEA (Unidad de Planificación Estratégica de la Educación). Perdimos casi una década. No perdamos la próxima.
 
 
Ex ministro de Educación de la Nación
 
http://www.lanacion.com.ar/2014141-falta-una-politica-docente-integral

jueves, 17 de noviembre de 2016

“Inclusión y Calidad como Políticas Educativas de Estado. O el mérito como opción única de mercado” (Brener - Galli)

Descargar libro completo en PDF

Aceptar el divorcio entre inclusión y calidad no es otra cosa que naturalizar privilegios en el acceso a la educación, sometiendo a nuestra democracia a los ajustes del mercado. Calidad educativa es en primer término un Estado presente, garante del acceso, (mejor) tránsito y egreso de los y las estudiantes, que se autoriza en el cuidado y la enseñanza con los recién llegados, los que recién ahora llegan y los que siempre estuvieron.

Este libro es un aporte a la construcción de “calidad – inclusión” como par indisoluble, a sabiendas de la complejidad y paradoja que supone, por ejemplo, democratizar una escuela secundaria que hasta hace un rato fue selectiva y excluyente y a que partir de la Ley de Educación Nacional (26.026) de 2006 es un derecho social y que debe transformarse para dar la bienvenida a un sujeto social inesperado que la democracia reciente asumió como acto de justicia con miles de familias que acceden a este nivel educativo por primera vez en su historia

El desafío de hacer más democrática la democracia interroga a la escuela como espacio único y estratégico de construcción de ciudadanía activa, crítica y plural. Una escuela que pueda divorciarse de aquellos mandatos excluyentes, que tome distancia de la reproducción de las desigualdades, de la permanencia y la mismidad como equivalencia de lo común, arriesgándose a los cambios que resguardan el derecho sobre el privilegio, la justicia curricular antes que una relación aristocrática con los saberes y no confunda la diversidad con la desigualdad. Una escuela que se le anime a la incomodidad de hacerle lugar a la necesaria interrupción de lo incierto y novedoso que traen los más nuevos, y en esa diferencia generacional se produzca el más auténtico y justo acto de transmisión y el pasaje de la cultura.
Inclusión y calidad. Se trata de una consigna en respuesta a una falsa disyuntiva: inclusión o calidad. Los compiladores afirman que deconstruir ese sentido común no es un gesto inocente: implica asumir una posición política, ética y pedagógica. De otro modo, se naturalizaría una situación desigual que avala el privilegio de una minoría y la marginación de una mayoría.

Dos caras… ¿dos monedas? Inclusión y calidad reconoce la existencia de dos paradigmas: el democrático y el mercantil; ambos cuentan con su agente protagónico. En el primer caso, se trata del Estado como actor activo de intervención. ¿Cómo? Garantizando el acceso, el tránsito y el egreso de los estudiantes y promoviendo condiciones necesarias para el desarrollo de aprendizajes significativos. En el segundo modelo, es el mercado con sus ajustes a los designios económicos administra el acceso a la educación.

En transformación permanente. Gabriel Brener y Gustavo Galli, compiladores de la novedad editorial de Crujía-Stella, afirman que la inclusión educativa no es una imposición. ¿Por qué? Se trata de un proceso en permanente construcción, sin fecha de vencimiento, que debe ser permeable a modificaciones que atiendan las transformaciones económicas, sociales, y culturales, así como aquellas que se expresan en las instituciones y los sujetos que le otorgan sentido cotidiano, en la medida que estos respondan a criterios de justicia social y curricular.

Los compiladores

Gabriel Brener. Es Licenciado en Cs. de la Educación por la UBA, Especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cs. Sociales) y Profesor de Enseñanza Primaria por la Escuela Normal Nº 4. Es Docente de la cátedra de Didáctica General del Profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, del Diploma Superior en Conducción Educativa del ISFD J.V González, así como profesor del Diploma y de la Especialización en “Curriculum y Practicas Escolares en Contexto”, de la FLACSO y de la Cátedra “Conducción Educativa” en la Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham (UnaHur).

Gustavo Galli. Es Profesor de Ciencias Naturales, Licenciado en Administración y Gestión de la Educación (UNSAM), Especialista en Curriculum (FLACSO) y Magister en Educación: Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas. (FF y L. UBA) Actualmente es Coordinador del Centro de Pedagogías Críticas y Educación Popular de la Fundación La Salle Argentina. Se desempeña como docente en nivel terciario y universitario (Instituto Joaquín V. González –UNAHUR – UMET – UNISAL). Integra el equipo de la Secretaría de Cultura de SUTEBA. Ha sido docente y directivo de escuelas secundarias.
PRESENTACIÓN